La pobreza energética en los hogares españoles

Verónica Giráldez vive pendiente de los enchufes y los interruptores. En su vivienda, en un barrio periférico de Alcalá de Henares (Madrid), no se enciende una bombilla si no es estrictamente necesario. Solo para tareas básicas como que sus dos hijos, un niño de 11 años y una niña de cuatro, puedan hacer los deberes. Y mucho menos la calefacción. “Lo mínimo para que la casa no sea una nevera cuando llegan del colegio”, explica. También controla al máximo el agua caliente. “Yo me doy duchas rápidas y a los niños los baño juntos, aunque el mayor ya se resiste”, lamenta.

Esta madre de 32 años, viuda desde 2011, es uno de los cuatro millones y medio de españoles que sufren la llamada “pobreza energética” —el 10% de la población—, según el último informe publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Un concepto relativamente nuevo, hasta hace bien poco asociado solo a regiones pobres, pero que está aflorando como parámetro de estudio también en los países ricos, por su repercusión en la salud y en la calidad de vida de la población.

Sin llegar al extremo de Grecia, donde este invierno se ha disparado la contaminación por el creciente uso de hogueras de leña en las viviendas, España es uno de los países europeos en los que más ha aumentado la tasa de pobreza energética en los últimos años, pasando del 5,9% en 2008 al 10% el año pasado. Es decir, que el número de ciudadanos que sufren este problema casi se ha duplicado en un periodo de apenas cuatro años.

De este modo, necesidades que ya hace tiempo que se consideran básicas como el agua caliente y la calefacción se están volviendo a convertir en un bien escaso en cada vez más hogares españoles. Un retroceso que se explica por la confluencia de dos fenómenos paralelos: mientras los ingresos de los hogares se han reducido debido a los efectos de la crisis económica, las tarifas de la electricidad han seguido subiendo.

¿Quiénes son estos nuevos pobres? “Antes de la crisis eran generalmente personas en situación de exclusión social. Ahora, la mayoría son personas perfectamente integradas, que simplemente se han quedado sin trabajo y que han relegado a un segundo plano esta necesidad porque por delante están otras como la vivienda o los alimentos”, comenta José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de inclusión social de Cruz Roja España. Según esta organización, el 43% de los ciudadanos que acuden a pedir su ayuda no puede pagar su factura energética. Sánchez Espinosa destaca además otro indicador del Instituto Nacional de Estadística (INE) para exponer la magnitud que puede cobrar el problema en un futuro. “El 40% de las familias españolas no puede afrontar gastos imprevistos. Es decir, que si se estropea la caldera no pueden pagar una nueva, lo que significa que muchos de ellos ni siquiera tendrán sistema de calefacción el próximo invierno”, augura.

El caso de Giráldez es ilustrativo: lleva más de un año en situación de desempleo y desde entonces sale adelante gracias a subsidios públicos y a las ayudas que recibe de Cruz Roja. Pero como lo primero es pagar el alquiler y la comida, cuando va muy justa relega el resto de los gastos. Ahora asegura que está en el límite. “Llevo dos meses sin abonarle a mi casero los recibos de luz y gas. Como le siga dando largas se cansará de pagarlos él y dejará que me corten el suministro”, presagia.

Vivir bajo la amenaza constante de un corte de luz o calefacción tiene consecuencias, principalmente sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), habitar en un hogar en el que de forma permanente se registran temperaturas inadecuadas —en torno a 20 grados centígrados en invierno y 25 en verano— aumenta la prevalencia de enfermedades físicas y mentales, especialmente en la población más vulnerable, como niños y ancianos, e incrementa las tasas de mortalidad de personas de edad avanzada durante el invierno. El OSE estima que este problema puede ser el responsable de 2.300 a 9.300 muertes prematuras al año en España, una cifra más elevada que la de las víctimas de accidentes de tráfico en carretera (1.304 en 2012).

Hay también consecuencias económicas. “Al aumentar la prevalencia de enfermedades, se eleva también el coste sanitario. Y, por otro lado, el ejemplo de Grecia ha demostrado que la pobreza energética incrementa la contaminación porque la población vuelve a recurrir al carbón o combustibles orgánicos como la madera para cocinar o calentarse. Esto, aparte de que aumenta las emisiones de gases, es peligroso, porque las viviendas actuales ya no están preparadas para dar salida al humo”, alerta Luis Jiménez Herrero, director del OSE. Y recuerda que, según la OMS, cerca del 50% de las muertes por neumonía en menores de cinco años se debe a la inhalación de partículas contaminantes en el interior de las casas.

Los expertos afirman que con la tendencia actual de alza continua en los precios de la energía, el problema irá a más en todos los países, desde los pobres hasta los más ricos, y advierten de que es hora de cuantificarlo para pensar soluciones. “Igual que no se comenzó a luchar de forma decidida contra la violencia de género hasta que el asunto se abordó de forma diferenciada y se le puso nombre, es necesario tratar la pobreza energética como un elemento diferenciado, aunque estrechamente relacionado, de la pobreza en general y de la exclusión social. A veces es necesario acuñar etiquetas para referirse a nuevas formas de enfocar antiguas realidades”, opina Sergio Tirado, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Una vez acuñado el problema, ¿cómo comenzar a atajarlo? La Unión Europea está empezando a reaccionar, aunque de momento con iniciativas tímidas. Dos directivas del año 2009 se limitaban a reconocer de forma explícita la pobreza energética como problema, sin proponer medidas concretas más allá de requerir planes de acción a los Estados miembros. Ante la falta de avances, el pasado noviembre el presidente del Comité Económico y Social Europeo, Staffan Nilsson, alzó la voz en el Parlamento Europeo para alertar de un problema que, según él, afecta ya a más de 125 millones de europeos. Nilsson recordó que en los últimos años ningún país de la UE se ha librado de la subida de los precios de la energía y reclamó un marco común para empezar a atajarlo de verdad. Como ejemplos citó Letonia, país en el que los costes se habían incrementado en un 27% en el mes de febrero de 2011, y Francia, donde el año pasado el 42% de las familias se vieron obligadas a ahorrar en calefacción para reducir su factura energética. Además, añadió que en Alemania se esperaba que este año los precios vuelvan a aumentar una vez más entre un 10% y un 15%. Según la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos, las tarifas eléctricas aumentaron de media un 9,4% y los precios del gas un 10% en el año 2011.

A falta de iniciativas comunes, algunos países han empezado a tomar medidas por su cuenta. Entre ellos, destaca Reino Unido, que hoy día es el referente mundial en la lucha contra la pobreza energética. “En 2001 los británicos pusieron en marcha una estrategia con medidas específicas para aliviar sus efectos, principalmente con tarifas sociales y rentas de apoyo para los hogares más vulnerables. Pero a pesar de eso, la tasa ha seguido creciendo en paralelo a los precios de la energía, lo que evidencia que no basta con definir políticas de ayuda si no se ataca la raíz del problema”, opina Tirado. “Y la raíz del problema no es otra que la ineficiencia energética de las viviendas”, asevera.

Lo mismo piensa el director del OSE. “No es que haya que rechazar los bonos sociales o esas subvenciones públicas que se dan para cambiar las ventanas, por ejemplo. Todo eso está muy bien, sobre todo en momentos de crisis como este, pero las políticas coyunturales no solucionan nada”, explica Jiménez Herrero. “Es necesario que las Administraciones afronten el problema con medidas estructurales. Básicamente, con la reforma de viviendas a gran escala y la rehabilitación integral de barrios enteros. Solo así podremos alcanzar la máxima eficiencia energética, de forma que incluso los hogares de rentas más bajas puedan hacer frente a su factura”, añade.

Pero en un contexto de crisis como el actual, parece difícil que las Administraciones inviertan en obras de rehabilitación de barrios enteros. “Claro, a corto plazo cuesta dinero, pero los beneficios a largo plazo pueden ser enormes. Desde un ahorro en el gasto sanitario hasta la reducción de la dependencia energética del exterior, que ahora mismo está en torno al 75%, lo que supone un coste tremendo para España”, apunta el director del OSE.

A la espera de esas políticas estructurales, los especialistas reclaman medidas para frenar la escalada de precios. “Según Eurostat, la tarifa para los consumidores domésticos en España es de media una de las más elevadas de la UE, tan solo superada por Chipre y Malta, donde forzosamente tiene que ser más cara por su carácter de Estados insulares”, denuncia Sergio Tirado.

Las asociaciones de consumidores culpan de la escalada al sistema de fijación de tarifas eléctricas. Un modelo que, según la OCU, “está dominado por subastas en las que quienes venden y quienes compran son los mismos”.

El OSE también culpa al actual diseño de subastas de la elevada factura energética de los españoles. Y aventura pocos cambios a medio plazo. Según sus previsiones, la escalada de precios, lejos de detenerse, seguirá creciendo.